La Junta reforzará con 1.200 profesionales los servicios sociales para agilizar la Renta Mínima

La consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación reforzará con más de 1.200 profesionales los servicios sociales comunitarios, lo que permitirá agilizar la tramitación de la Renta Mínima. Así lo ha destacado este viernes la consejera Rocío Ruiz, durante un acto en Huelva.

En este sentido, ha explicado que ya se están contratando por las entidades locales a través de la Estrategia Regional de Intervención en Zonas Desfavorecidas (Eracis) a más de 800 profesionales, dado que en estas zonas se producen casi el 50 por ciento de las personas que perciben estas prestaciones.

Además, ha informado que se ha solicitado modificación presupuestaria para transferir créditos a las entidades locales a fin de reforzar dichos servicios en personal administrativo en todos los centros (249) y en un trabajador social en cada uno de los centros de los servicios sociales comunitarios (173) que no coinciden con zonas desfavorecidas, “dado el refuerzo que en estas zonas ya se está produciendo, lo que se justifica en las importantes funciones que las entidades locales desarrollan en el acceso a esta prestación, entre otras, la elaboración de los planes de inclusión sociolaboral de las unidades familiares perceptoras de la Renta Mínima”.

La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha avanzado también que entre otras medidas “van a reforzar” la formación y la información a los profesionales de los servicios sociales comunitarios sobre esta prestación, “aspecto fundamental para que la ciudadanía acceda a esta prestación, desplazándonos a todos los municipios que sea preciso”.

Por otra parte, Rocío Ruiz ha anunciado que “propondrán la modificación de la actual Relación de Puestos de Trabajo para adecuar los recursos personales de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a las necesidades reales y, en concreto, a las necesidades de gestión de la Renta Mínima”.

Otra de las medidas de las que ha informado este viernes la consejera ha sido la evaluación de su impacto de conformidad con lo que establece el propio Decreto que regula la Renta Mínima de Inserción Social, “y así realizar los cambios normativos que sean necesarios, para hacer esta prestación realmente accesible a las personas a las que se destina, simplificando los procedimientos”.

En este sentido, Rocío Ruiz ha informado en varias ocasiones en sede parlamentaria que el año pasado se presentaron 80.477 solicitudes y más de la mitad están sin resolver. En concreto, quedan pendientes 41.283 solicitudes.

“Todo ello por la falta de planificación y medios humanos e informáticos del anterior Gobierno”, ha recordado este viernes. Además, ha detallado que de las solicitudes finalmente resueltas “no se han concedido ni el 30%. Un porcentaje muy bajo, fundamentalmente debido al desconocimiento que tenían muchos solicitantes sobre los requisitos para acceder a esta ayuda, lo que evidencia que ha faltado una labor previa de información, asesoramiento y divulgación a los posibles beneficiarios”.

Además, la consejera ha denunciado que el anterior Gobierno socialista “dejó de invertir en 2018 más de 141 millones de euros, de los 198 millones que estaban presupuestados, ejecutando por tanto sólo el 28,7 por ciento”.

Ruiz también ha informado que se mejorará la tramitación electrónica de los expedientes, tanto en su fase inicial como el procedimiento de revisión de las ayudas, con el objetivo de incorporar al sistema de información las múltiples casuísticas que pueden darse a la hora de revisar la prestación, para que pueda confeccionarse todo de forma automatizada y con rapidez.