La Junta realizará este año unos mil controles de etiquetado y calidad de productos de alimentación
La Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía está desarrollando seis campañas de inspección con el objetivo de comprobar el correcto etiquetado y la calidad de los productos de alimentación que se encuentran a la venta en los comercios andaluces, y, en total, se llevarán a cabo hasta final de año al menos 990 controles de etiquetado, así como la toma de muestras de 36 productos para su envío a laboratorio, donde se realizarán las pruebas necesarias para comprobar su calidad.
Estas actuaciones permitirán detectar la existencia de posibles alteraciones, adulteraciones o fraudes en los productos que se encuentran a la venta, según ha puesto de relieve la Consejería de Salud y Familias en un comunicado.
En primer lugar, desde el mes de septiembre se está realizando en todas las provincias el plan de control general de la información y la calidad de alimentos, una actuación que se lleva a cabo anualmente y que prevé la revisión del etiquetado de al menos 500 productos alimenticios, así como la toma de 16 muestras para su ensayo en laboratorio.
A esta campaña general, en la que se comprueban alimentos de todo tipo, hay que añadir otras campañas de control dirigidas específicamente a determinados grupos de alimentos, como la campaña de inspección de etiquetado de cítricos, o la dirigida a la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérica.
Además, se está participando en otras tres campañas de ámbito nacional junto a otras comunidades autónomas, dirigidas al control de alimentos etiquetados como “sin gluten”; a la inspección del etiquetado y composición de salchichas cocidas envasadas; y a la verificación de los datos obligatorios en el etiquetado en el caso de importadores de países de la Unión Europea.
Los controles se realizan por parte del personal inspector de los servicios provinciales de Consumo en todo el territorio andaluz, a través de la visita a todo tipo de establecimientos que comercialicen productos alimenticios, como grandes superficies, supermercados, tiendas de alimentación, mercados de abastos o establecimientos de venta de alimentos importados. Una vez allí, comprueban que los productos a la venta cumplen con los requisitos básicos y generales de información, controlando su correcto etiquetado.
Entre otras cuestiones, se comprueban el cumplimiento de la normativa, principalmente en relación con la información obligatoria que debe figurar en el etiquetado de los alimentos, y otros aspectos concretos como la trazabilidad, que permite identificar a la empresa suministradora, la información que ofrecen los alimentos sin envasar y los envasados en el lugar de venta.
Las campañas se desarrollan en el marco del Plan de Inspección de Consumo 2020 que, tras los ajustes realizados con motivo de las restricciones derivadas del Covid-19, comprende un total de 23 campañas que supondrán aproximadamente 5.600 actuaciones de control dirigidas a garantizar y reforzar la protección de los derechos de las personas consumidoras y asegurar que los productos y servicios que están a la venta cumplen los requisitos de seguridad y calidad que exige la normativa vigente.
Desde la Dirección General de Consumo se recomienda a la ciudadanía informarse sobre los productos que se van a adquirir y leer detenidamente el etiquetado para asegurarse de que es correcto y de que identifica adecuadamente a su responsable.
La información debe ser visible, legible, comprensible, e imborrable, además de figurar en español y en un lugar destacado. También debe informar sobre las condiciones especiales de conservación y de utilización, si las hubiera, así como del número del lote, la fecha de elaboración, la de duración mínima o la fecha de caducidad, que deberán figurar en un sitio visible y claramente legible, e indicar el lugar de origen o procedencia del producto.
Por otra parte, desde la Junta explican que conviene comprobar la lista de ingredientes, en la que aparecerán presentados en orden decreciente según su peso. Aquellos productos alimenticios en los que figure la mención de que poseen propiedades nutritivas, están obligados a llevar un etiquetado sobre dichas propiedades.
También subraya la Junta que se deben consumir únicamente productos de procedencia conocida, y es importante verificar que los envases se encuentran en buen estado, descartando los que estén abiertos o abollados. También es recomendable comprobar el precio por unidad de medida para saber cuál es el producto más rentable o económico.
Por último, la Junta aconseja informarse sobre la política de devolución del producto antes de hacer la compra, y pedir siempre el ticket o la factura, documento imprescindible para efectuar cualquier reclamación, devolución o cambio del producto, y en el que deberá figurar el NIF y/o la razón social de la empresa vendedora.
Asimismo, se recomienda, siempre que sea posible, realizar las compras en establecimientos adheridos al Sistema Arbitral de Consumo, ya que de esta manera se garantiza que cualquier posible discrepancia pueda quedar resuelta de forma rápida y gratuita. Igualmente, se recuerda que los establecimientos deben disponer de hojas de quejas y reclamaciones a disposición del público, para lo cual se exhibirá un cartel que informe claramente de su existencia.
Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con 'Consumo Responde', un servicio gratuito de información a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.
Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder de forma continuada a través del número de teléfono 900.215.080, de la página web 'www.consumoresponde.es', del correo electrónico (consumoresponde@juntadeandalucia.es); del perfil de Twitter (@consumoresponde); y el de Facebook (www.facebook.com/consumoresponde).
También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Familias presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.
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