La Junta llama “macronave” a Colecor y critica el plan especial que busca la “legalización”

Los servicios jurídicos de la Consejería piden la suspensión cautelar del plan porque si se desarrolla “se producirían perjuicios de imposible o muy difícil reparación”

Aún no se conoce el recurso que la Junta de Andalucía ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del Plan Especial de la Carretera de Palma del Río porque, entre otras cosas, dispone de 30 días de plazo. Pero lo que sí se conoce es el contenido del aviso del recurso y la solicitud de “suspensión cautelar” del desarrollo de ese Plan Especial que la Junta pide al Ayuntamiento de Córdoba. En ese aviso ya se avanzan algunas razones jurídicas por las que el Gobierno andaluz ha tomado una decisión que ha puesto patas arriba al Ayuntamiento de Córdoba, que aprobó con la unanimidad de todos sus grupos políticos (PP, IU, PSOE y dos concejales de UCOR) este plan especial.

En el aviso, la Junta es muy contundente en sus argumentos. Textualmente, la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio asegura que “el citado plan contiene unas determinaciones cuya finalidad es legalizar, en la mayor medida de lo posible, una actuación ejecutada al margen de la legalidad como es la macronave llevada a cabo por Mezquita Sur de Inversiones S. L. [propiedad de Arenal 2000 y a su vez del hoy concejal Rafael Gómez] cuya superficie ocupada es de 39.034 metros cuadrados”. El gabinete jurídico de la Junta de Andalucía va mucho más allá y llega a afirmar que “tal edificación, por sus dimensiones y el uso que es susceptible de albergar, suponen una manifiesta contradicción con los criterios del PGOU [Plan General de Ordenación Urbana] relativos a la defensa del patrimonio industrial y de actividad”.

Los abogados de la Junta de Andalucía son muy explícitos en su solicitud de suspensión cautelar del plan, sobre todo porque consideran que si comienza a desarrollarse “se producirían perjuicios de imposible o, al menos, muy difícil reparación con la consiguiente dificultad de proceder a la ejecución de una eventual sentencia estimatoria”.

En la solicitud de suspensión cautelar, la Junta ya avanza lo que serán sus argumentos ante los jueces. Además del temor a que suponga la legalización de lo que viene a llamar como “macronave” construida en la antigua Colecor, el Gobierno andaluz rechaza también el “uso previsto” para las industrias incluidas en el plan especial (entre ellas destaca Colecor). Según la Junta, “ese uso previsto es inexistente en la regulación general de usos que el PGOU contiene, ya que se formula como un híbrido entre gran industrial y, al mismo tiempo, como industria compatible con el medio urbano”. Los servicios jurídicos del Gobierno andaluz vuelven a ser muy contundentes a la hora de asegurar, tajantemente, que este uso “ni está permitido, ni es autorizable” y que por tanto es “prohibido”.