La Junta dice “desconocer” el informe sobre las irregularidades denunciadas en la residencia de Lucena

La Junta de Andalucía ha manifestado desconocer el informe del Ayuntamiento de Lucena que denuncia graves deficiencias en la residencia Nueva Aurora y concluye que el edificio “no reúne las condiciones de seguridad y salubridad mínimas”, por lo que pide el realojo de los 44 ancianos que allí viven en un lugar adecuado. Sin embargo, el consistorio lucentino ha informado de que se ha dado traslado del citado informe a la Junta.

Preguntada sobre ello por este medio la delegación territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Córdoba, la administración autonómica se limita a decir que “no nos pronunciamos porque no tenemos conocimiento” del informe elaborado por dos técnicos de urbanismo sobre las deficiencias halladas en la residencia Nueva Aurora sobre la que, además, “no consta autorización para el uso” como tal residencia. Cuestionada sobre si se ha inspeccionado esta residencia y sobre las medidas que se hayan tomado o se vayan a tomar sobre ella, la administración autonómica no ha precisado más respuesta.

Este viernes, el concejal independiente no adscrito del Ayuntamiento de Lucena, Vicente Dalda, señaló que la Junta de Andalucía “tiene conocimiento de la existencia de la residencia -privada con plazas concertadas- y de que no tiene papeles, que me conste por escrito, desde noviembre de 2010”. Además, el informe municipal sobre las irregularidades certificadas en la residencia ha sido trasladado a la Junta, asegura. Y ya a finales de 2016, cuando este concejal tuvo conocimiento de las denuncias presentadas por familiares de una usuaria de la residencia sobre el estado de esta, puso en conocimiento de la Junta, del Ayuntamiento y del Defensor del Pueblo la situación del centro.

De hecho, el Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una investigación de oficio sobre la residencia de mayores Nueva Aurora “por carecer de permisos y licencias”, después de recibir las quejas de familiares de una usuaria y requerir información sobre el centro para esclarecer su situación.

Sin embargo, sin dar mayores detalles, la Junta se limitaba este viernes a defender su labor inspectora de manera general. “La Junta vela porque se cumplan los requisitos para el bienestar de los usuarios. Para ello realizamos una actividad inspectora de calidad”, ha asegurado. “La Junta hace labores inspectoras, como en todas las residencias de Andalucía, pero los informes no se hacen públicos”.

Trasladaron la queja a la Junta en 2016

El concejal que ha denunciado públicamente la situación de la residencia ha pedido la dimisión de la delegada provincial responsable de Políticas Sociales, María de los Ángeles Luna, tras criticar que en este tiempo haya “mirado para otro lado” y ahora se haya constatado con el informe de Urbanismo que existen graves problemas en solerías, cubiertas, instalación eléctrica, accesibilidad, peligro de incendio y falta de ventilación, entre otros aspectos del edificio donde viven 44 ancianos con distintos grados de dependencia y movilidad reducida.

Las familiares de una usuaria de la residencia que pusieron en conocimiento de la Junta la situación del centro a finales de 2016, recibieron respuesta en enero de 2017 de la administración diciendo que activaría sus servicios de inspección. Un año después, viendo que no se había actuado, reiteraron su queja y en marzo de 2018, recibieron una segunda respuesta tipo similar, con las mismas palabras y sin que haya producido cambios en el estado de la residencia, como demuestra el informe de Urbanismo realizado después, a finales del pasado mes de marzo.