La Junta defiende que su decreto sobre viviendas irregulares no invade competencias del Gobierno

Parcelaciones del entorno de Córdoba. | TONI BLANCO

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha anunciado que la Junta de Andalucía va a tratar de "convencer" al Gobierno central de que el Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares "no invade competencias del Estado", para así evitar que el Ejecutivo que dirige en funciones Pedro Sánchez interponga un recurso de constitucionalidad contra el mismo.

Así lo ha trasladado la consejera en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha explicado que "hace unos días nos encontramos una carta" por parte del Gobierno central advirtiendo a la Junta de que tenían que "motivar" que dicho decreto "no invade competencias del Estado", respecto a la Ley de Costas, como paso previo para evitar que el Ejecutivo central presente un "recurso de constitucionalidad" contra dicho decreto andaluz.

Se inicia así una negociación entre la Junta y el Gobierno en el marco de la Subcomisión de seguimiento normativo, prevención y solución de controversias de la comisión bilateral de cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía, según ha confirmado Carazo, quien, no obstante, ha aclarado que la Junta aún no ha sido "convocada a la primera reunión de esa comisión" y está "esperando" a que esa cita llegue "cuanto antes" para "poder aclarar esos aspectos y trasladar tranquilidad y seguridad a las personas afectadas", según ha añadido.

En esa línea, ha defendido que el decreto ley "cuenta con el visto bueno del gabinete jurídico de la Junta, no solo de la Consejería" de Fomento, y su convalidación en el Parlamento, el pasado mes de octubre, contó "tan sólo con el rechazo de Adelante Andalucía".

Carazo se ha declarado "segura de que, en el tiempo que tenemos para presentar nuestras alegaciones y ponernos de acuerdo, lo vamos a hacer" y desde la Junta van a "ser capaces de convencer de que este decreto no invade ninguna competencia", porque "no entra en las viviendas afectadas por la Ley de Costas".

"Una zancadillas más" del Gobierno

Además, la consejera ha dicho esperar que esto "no sea una zancadilla más" por parte del Gobierno central socialista hacia la Junta que dirigen PP-A y Ciudadanos (Cs) que "no podemos permitir en una norma tan esperada y ansiada, con la que ya estamos trabajando con los ayuntamientos y muchos propietarios, y en la que se ha abierto unas expectativas muy importantes para familias que llevaban tanto tiempo esperando y quieren cuanto antes tener garantizado su registro a la propiedad, el acceso a luz y agua, y también la protección del medio ambiente y el entorno de sus viviendas".

La consejera ha defendido en esa línea que el decreto "viene a dar respuesta a una situación enquistada desde hace muchos años", en alusión a dicha problemática de viviendas irregulares construidas al margen de la legalidad urbanística sobre las que ya no es posible adoptar medidas para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico, al haber transcurrido el plazo del que dispone la Administración para actuar sobre las mismas.

De igual modo, ha destacado la "muy importante labor de colaboración con los ayuntamientos" que se está llevando a cabo por parte de la Junta, porque, según ha explicado, "son los ayuntamientos, junto a los propietarios, los que tienen que impulsar tanto el reconocimiento y las declaraciones de asimilado a fuera de ordenación (AFO), como los planes especiales en el caso de las urbanizaciones o asentamientos".

En ese sentido, ha valorado que existe "una información permanente a través de las delegaciones del Gobierno y las territoriales" de la Junta, y se está trabajando "para tratar de resolver estos problemas a las familias que llevan tanto tiempo esperando respuesta".

Nueva Ley del Suelo

Por lo demás, Carazo ha recordado que se trata de un decreto de carácter "provisional" y con "medidas urgentes en tanto su contenido se incorpore en la nueva Ley de Suelo" en la que trabaja la Consejería de Fomento, y de la que ha avanzado que acaba de recibir un primer "borrador".

La consejera ha subrayado que se comprometió nada más llegar a su puesto a trabajar "con rapidez" para la elaboración de una nueva Ley del Suelo que considera "absolutamente necesaria" para abrir "una nueva etapa respecto al urbanismo en Andalucía", teniendo en cuenta que la actual Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) acumula "16 años de vigencia" en los que "ha sufrido hasta once modificaciones que ha hecho que aún sea mucho más difícil y farragosa, y ha dificultado enormemente la puesta en marcha y aprobación de los planes generales".

Para Carazo, "existe socialmente un acuerdo en que es necesaria una nueva ley" del Suelo que intente "reducir al máximo --que no es desregularizar", según ha querido aclarar-- el texto" normativo actual "para afinarlo, aclararlo, simplificarlo, y que se consiga al mismo tiempo reducir trámites, procedimientos, para favorecer el desarrollo de Andalucía, para que no se desaprovechen oportunidades, para que proyectos que hoy están esperando a tener una oportunidad puedan ponerse en marcha, para vertebrar y crear empleo".

Ha recordado que en la Consejería se pusieron "como objetivo temporal tener un borrador" de dicha nueva Ley del Suelo "antes de finalizar este año, y esta misma semana el equipo de la Dirección General" de Urbanismo le ha entregado ese "primer borrador", que va a empezar a trabajar la comisión formada por expertos en materia de Urbanismo que se ha constituido para asesorar en la redacción de dicha ley, y que "ya se ha reunido en una ocasión".

Carazo ha avanzado que dicho grupo de expertos "se va a ampliar, porque esta ley debe contar con un respaldo social importante" y "mucho consenso". "Ojalá tenga el consenso mayoritario en la Cámara" andaluza, ha expresado en ese sentido la consejera, quien, no obstante, ha avisado de que su tramitación en el Parlamento es "larga", de "al menos 18 meses" según sus estimaciones.

En todo caso, ha explicado que, en tanto se aprueba esa nueva ley, desde la Consejería de Fomento "no nos hemos parado para simplificar, aclarar, reducir trámites y procedimientos", y así "son 13 ya las instrucciones aprobadas por parte de la Dirección General de Urbanismo que se han remitido a las delegaciones provinciales con ese objetivo de armonizar, simplificar, aclarar, hacer más sencillo el procedimiento".

De igual modo, ha apuntado que, "en tanto se apruebe la nueva ley, podremos utilizar el mismo mecanismo del decreto ley provisional y urgente, como hemos hecho con las viviendas irregulares, para resolver algunas cuestiones que no pueden esperar una respuesta".

Entre éstas, ha citado la agilización de las licencias de obra, "una asignatura pendiente y una propuesta del sector de promotores y constructores, que entienden que debemos ser capaces de utilizar la figura de 'Declaración responsable' para la licencia de obra de primera ocupación", según ha explicado la consejera, quien ha incidido en que dicho colectivo solicita a la Junta esta medida actualmente "en marcha en otras comunidades autónomas para dinamizar un sector que necesita del empuje y la ayuda" del Ejecutivo andaluz, según ha finalizado.

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