Un juez imputa a dos personas por estafar a más de 200 clientes en una agencia de viajes

Concentración ante la puerta de la agencia de viajes | MADERO CUBERO

El Juzgado de Instrucción 7 de Córdoba ha citado a declarar como investigados, antes imputados, a dos personas en relación a la estafa que sufrieron cerca de 200 personas en 2018 por parte de la agencia de viajes Wiajera. En concreto, las personas que tendrán que declarar serán el dueño del negocio y otro hombre, quien consta en la sociedad aunque no trabajaba en la agencia.

Según han confirmado fuentes judiciales a este periódico, las declaraciones están previstas para la segunda semana de enero. Cabe recordar que el dueño de la agencia fue detenido en noviembre de 2018. Tras su paso por la Comisaría Campo Madre de Dios, fue derivado al Juzgado de Instrucción número seis, en funciones de guardia, que lo dejó en libertad con cargos. En esta ocasión, el investigado por estafa y apropiación indebida decidió no declarar.

Tras las declaraciones de los dos imputados, la jueza de Instrucción 7 dictará la apertura del juicio oral y las partes formularán los escrito de acusación y de defensa. Según ha podido conocer este medio, los imputados no han resarcido a las supuestas víctimas afectadas por la estafa, que se quedaron sin su dinero y sin poder viajar a sus destinos. Se estima que el fraude alcanza la cifra de los 150.000 euros. El modus operandi de esta agencia viajes consistía en cobrar a los afectados por la reserva de los billetes, llegando incluso a entregar un justificante para dar más credibilidad a la compra, aunque la empresa nunca llegó a pagar y formalizar con la compra de los pasajes con la compañía aérea o la empresa mayorista.

Asimismo, este mismo juzgado imputó a la Junta de Andalucía después de que la acusación particular formulara un escrito alegando una falta de control sobre esta agencia. En 2018, una nueva ley obligaba a todas las agencias a establecer un seguro de 150.000 euros, independientemente del volumen de negocio. Esta variación legislativa sí fue notificada al dueño de la agencia por parte de los funcionarios de la Junta aunque “nunca se comprobó si el cambio se había hecho”. La investigación ha aflorado que la agencia no se adaptó a esta normativa.

Sin embargo, la Junta de Andalucía recurrió la imputación y ha sido la Audiencia Provincial de Córdoba la que ha estimado el recurso, sacando a la administración autonómica de este procedimiento penal.

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