IU propone un plan municipal contra la pobreza energética

Alba Doblas, en la sala de prensa del Ayuntamiento | MADERO CUBERO

La viceportavoz de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Alba Doblas, ha presentado este jueves la moción que IU llevará al próximo Pleno, en la que se exige el cambio del marco legislativo para que la electricidad, su producción, distribución y comercialización “estén al servicio de la ciudadanía y posean un carácter social” y, en concreto, para “prevenir la pobreza energética”, a la vez que plantean elaborar un plan en la ciudad.

Al respecto, desde IU abogan por “regular el sistema de suministros básicos del hogar e incluir mecanismos que primen el ahorro y penalicen el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos económicos”.

Igualmente, exigen “la titularidad y gestión públicas” de las infraestructuras de distribución eléctrica, con ampliación del bono social a nuevas modalidades y una nueva tarifa para las instituciones públicas, al tiempo que reclaman la modificación de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, “estableciendo un IVA reducido para el precio del gas y la electricidad a nivel doméstico”.

Asimismo, apuestan por “el compromiso” de elaborar “un plan contra la pobreza energética” en la ciudad, con el objetivo de “garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar, que permita identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas”, según indica IU en su propuesta.

Por otra parte, Alba Doblas ha presentado una declaración institucional del Ayuntamiento por la que se adhiere a la 'Declaración de Córdoba sobre el derecho a la vivienda y la ciudad', surgida del I Foro de Vivienda y Ciudad. Necesidades habitacionales, Rehabilitación Urbana e Innovación Social, celebrado en noviembre en la capital con responsables técnicos y políticos de diferentes municipios y otras instituciones y poderes del estado español, personas del mundo de la investigación, de la sociedad civil y de profesiones ligadas a la ciencia de la ciudad.

Al respecto, las personas participantes aprobaron el citado documento, en el que se establecían una serie de premisas sobre la materia, se proponían medidas estructurales en materia de vivienda y ciudad que “fomenten el acceso asequible a la vivienda, primen la rehabilitación y posibiliten la reactivación sostenible del sector de la construcción”, a la vez que señalaban “iniciativas urgentes que favorezcan principalmente el acceso a la vivienda de sectores vulnerables”.

De este modo, la Corporación Municipal acuerda su adhesión a la Declaración y manifiesta su “compromiso de sumarse al llamamiento a la sociedad organizada, a sectores profesionales, de la investigación y otras administraciones, a fin de que hagan suya la Declaración e ir conformando una red que impulse que el contenido alcance los mayores niveles de materialización en medidas y políticas concretas”.

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