IU aplaude el protocolo para exhumaciones y espera que no quede en una “declaración de intenciones”

El grupo provincial de IU en la Diputación de Córdoba ha señalado este sábado que la firma del protocolo para las exhumaciones en los cementerios de la Salud y San Rafael de la capital es “una buena noticia”, si bien recuerda que “con declaraciones de intenciones y buenas palabras no se abren las fosas ni se repara a las víctimas”.

En un comunicado, el portavoz de IU en la institución provincial y delegado de Memoria Democrática, Ramón Hernández, ha exigido que el compromiso entre los Gobiernos central, andaluz, provincial y local tenga cuanto antes “una concreción presupuestaria y de plazos” que permita avanzar en la consecución de los derechos de Verdad, Justicia y Reparación, ya que “vamos 40 años tarde”.

En este sentido, IU ha recordado que la Delegación de Memoria Democrática ya contempla una partida reservada a las actuaciones previstas, en virtud del protocolo, en los presupuestos de 2021 y “estamos deseando involucrarnos y empezar a trabajar con todos los recursos a nuestro alcance”. Por tanto, insta al resto de administraciones a “mover ficha y poner sobre la mesa un acuerdo económico que dé garantías” para la realización de las actuaciones prometidas, de modo que “esta declaración de intenciones no se quede en agua de borrajas”.

Para Hernández, “todos los pasos que se den en la provincia en materia de Memoria Democrática son muy importantes”, pero “no podemos banalizar con un asunto que es una cuestión de Derechos Humanos y de justicia”.

Desde IU han señalado que “la firma del protocolo tiene que sentar un precedente” y que las víctimas y las asociaciones memorialistas “que tanto han trabajado por los derechos de Verdad, Justicia y Reparación en nuestra provincia” merecen unas instituciones públicas que “estén a la altura y den de una vez respuesta a sus reivindicaciones”.

Por ello, ha insistido en saldar “la deuda histórica que tenemos con las víctimas del golpe de estado, de la guerra civil y de la dictadura”, y en hacer de la recuperación de la Memoria “una cuestión de Estado”, como efectivamente pasará a ser con la nueva ley propuesta por el Gobierno central.