Los informes del presunto asesino de Valdeolleros establecían un nivel de reincidencia “medio-bajo”

Edificio de Valdeolleros donde se han hallado los cuerpos | ALEX GALLEGOS

El Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba, en funciones de guardia el pasado viernes, se está haciendo cargo de la investigación del caso de la pareja que fue hallada fallecida ese día en una vivienda del barrio de Valdeolleros, en Córdoba capital. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha informado de que este juzgado está a la espera de recibir el atestado policial, así como el informe de las autopsias practicadas a los cadáveres, para decidir sobre si se inhibe o no al Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

El presunto asesino, Salvador Ramírez, que había sido condenado a 17 años de cárcel por haber asesinado a su mujer, recibió el tercer grado el 10 de octubre de 2017, después de que el juez de Vigilancia Penitenciaria de Córdoba acordara este régimen para el interno, tras recibir "informes favorables tanto de la Fiscalía como de la Junta de Tratamiento, que informó favorablemente por unanimidad a que se le concediera el tercer grado al considerar que reunía los requisitos", asegura el TSJA.

Así, en el informe favorable elevado al Juzgado de Vigilancia de Penitenciaria de Córdoba, "la Junta de Tratamiento de la prisión precisaba que se trataba en ese momento de un interno primario, que llevaba cumplidos casi 15 años de la condena de 17 que le fue impuesta por el delito de asesinato – la libertad definitiva estaba fijada para el día 7 de abril de 2019- y con muy buena evolución en prisión, pues había disfrutado de numerosos permisos sin incidencias, no tenía sanciones en el expediente y había realizado un programa de violencia de género, a lo que se sumaba en esa fecha que venía abonando la responsabilidad civil desde hacía muchos años".

A juicio de la Junta de Tratamiento, el pronóstico de reincidencia en esa fecha era "medio-bajo", por todo lo cual el juez le concedió el tercer grado al entender que el interno "se encuentra en condiciones de poder desenvolverse con normalidad en semilibertad" y que "su pronóstico de reincidencia es medio-bajo". Asimismo, y en sesión ordinaria celebrada el 21 de diciembre de 2017, la Junta de Tratamiento "propuso por unanimidad al juez de Vigilancia Penitenciaria la suspensión de pena en la modalidad de libertad condicional a los 3/4 de la condena por un periodo de dos años, adjuntando un informe con pronóstico favorable a su reinserción social".

Por medio de un auto fechado el 23 de enero de 2018, el juez de Vigilancia Penitenciaria de Córdoba acordó aprobar la propuesta de libertad condicional al interno" y suspendió condicionalmente la ejecución del resto de la pena durante dos años, aunque "le impuso una serie de reglas de conducta, como la obligación de residir en la Casa de Acogida de Cáritas",o la obligación de "mantener hasta el final de la condena la buena conducta y comportamiento".

Posteriormente, el interno solicitó una modificación de regla de conducta en el sentido de pedir la autotutela, con la que la Fiscalía mostró su conformidad, tras lo que el juez autorizó el 4 de julio de 2018 dicha autotutela en piso compartido en Córdoba capital. El 16 de mayo de 2019, la Junta de Tratamiento acordó por unanimidad solicitar al juez el cambio de domicilio del interno a otra vivienda de la capital cordobesa en régimen de autoacogida, lo que fue autorizado por el juez mediante auto de 5 de junio de 2019.

Nueve días después de obtener el permiso, su cadáver apareció en un piso en Valdeolleros junto al de Ana Lucía, una mujer brasileña de 49 años con la que presuntamente mantenía una relación y a la que, según apunta la investigación, habría asesinado antes de quitarse la vida.

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