El ICA se felicita por que el Parlamento restituya los pagos del turno de oficio

El decano del Colegio de Abogados de Córdoba en un acto de reivindicación del Turno de Oficio y la justicia gratuita | MADERO CUBERO
La Proposición No de Ley presentada por el Grupo Popular ha contado con el voto a favor de Partido Popular, Ciudadanos, Izquierda Unida y Podemos y la abstención del Partido Socialista

El Parlamento Andaluz atiende las reivindicaciones de la Abogacía Andaluza para la restitución de las retribuciones a los letrados del turno de oficio y pago a los colegios de gastos de infraestructura, que fueron recortadas en 2012. En una nota, el decano del Colegio de Abogados de Córdoba, José Luis Garrido, ha mostrado su satisfacción porque el Parlamento Andaluz haya aprobado esta mañana, con el voto a favor de Partido Popular, Ciudadanos, Izquierda Unida y Podemos y la abstención del Partido Socialista, una Proposición No de Ley presentada por el Grupo Popular, atendiendo la petición del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados,

cuyo contenido incrementa un 10% lineal los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita en el turno de oficio y en el turno de guardia en beneficio de los más de 13.000 abogados y procuradores andaluces adscritos a los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita.

Asimismo, la medida supone sufragar a los Colegios de Abogados y Procuradores de Andalucía la totalidad de los gastos de funcionamiento aportados para hacer frente a la gestión y organización de los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita y de Orientación Jurídica.

Se ha incluido además, por unanimidad de la Cámara, un apartado más como consecuencia de enmienda presentada por el Grupo de Ciudadanos, para que por el Parlamento inste al Consejo de Gobierno a que proceda a la revisión de los Módulos y Bases de Compensación económica en el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita, acomodándolos a las últimas reformas legislativas, incluyendo procedimientos no contemplados en el mismo como los llamados “macro juicios” o “delitos leves” y que se regulen procesos de intervención necesaria no incluidos, como la Mediación y demás que procedan.

Los acuerdos parlamentarios adoptados esta mañana, ha asegurado Garrido, suponen la aceptación de las reivindicaciones justas que se han venido haciendo desde el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados para conseguir que las retribuciones a los abogados de oficio sean dignas y adecuadas y que se abonen puntualmente. “Este es un paso muy importante para alcanzar una de nuestras principales reivindicaciones: la definitiva dignificación de este servicio público que prestan los abogados las 24 horas del día, durante los 365 días del año; todos ellos son profesionales cualificados y especializados que tienen que estar justamente retribuidos para que puedan prestar ese servicio en condiciones dignas y no a costa de su bolsillo”, ha asegurado Garrido.

Cabe recordar que en el año 2012 y con carácter retroactivo la Junta de Andalucía llevó a cabo una disminución lineal de un 10% en los baremos de retribución de los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita y de un 50% en la partida que se abona a los Colegios de Abogados para compensar los gatos de infraestructura que soportan por la prestación de ese servicio público.

La abogacía institucional, ha añadido el decano del Colegio de Abogados de Córdoba, aludiendo a las declaraciones del presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Pascual Pozo Gómez, va a seguir en la línea de absoluta colaboración y respeto con las instituciones para la mejora de la prestación del servicio, pero también va a mantener su actitud reivindicativa en todo aquello que redunde en la mejora del servicio tanto para sus usuarios como para los Letrados que lo prestan.

La Abogacía Andaluza agradece la sensibilidad demostrada por los Grupos Parlamentarios que han votado a favor de la propuesta, especialmente al Grupo Popular como promotor de la misma y a Ciudadanos por su apoyo y por la enmienda presentada y aprobada por unanimidad, que viene a recoger reivindicaciones de la abogacía para la mejora de las condiciones del servicio, del que finalmente son los ciudadanos sus destinatarios.

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