El Gobierno prorroga medidas del “escudo social” sobre hipotecas, alquiler y suministros

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 7 de julio tres paquetes de medidas para prorrogar hasta finales de septiembre el llamado “escudo social” que, según ha afirmado el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, es “seguramente mejorable y limitado” pero “sin precedentes”. Al mismo tiempo, ha criticado los “discursos políticos” que acusan a las familias en situación de vulnerabilidad de “no haberse esforzado lo suficiente”.

“Este Gobierno ha construido un escudo social seguramente mejorable, seguramente limitado, pero sin precedentes en la historia de este país, este Gobierno no se ha olvidado de lo que representaban los gastos de vivienda y de suministros para las familias que lo estaban pasando muy mal y que como consecuencia del Covid-19 lo han pasado mucho peor. Recientemente, aprobamos la prórroga de los ERTEs, ayudas sin precedentes al sector turístico, era hora de seguir protegiendo a los más vulnerables,”, ha subrayado Iglesias en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El primero de los paquetes pretende aliviar las cargas financieras de la hipoteca; el segundo está relacionado con el alquiler; y el tercero, con los suministros. “Estas medidas que aprobamos hoy no solo responden a criterios de justicia social, sino también a una necesidad de eficacia económica”, ha señalado.

Concretamente, la moratoria hipotecaria sobre la vivienda habitual se podrá solicitar hasta el 29 de septiembre y tendrá una duración de tres meses. A fecha 30 de junio, se han concedido 226.285 solicitudes (el 83% de las presentadas). La moratoria legal (la que otorga el Gobierno) y la convencional (la que otorga el sector financiero) se podrán conceder simultáneamente, por lo que los hogares que soliciten ambas serán beneficiarios de una moratoria legal de 3 meses (sin devengo de intereses), seguida de una moratoria convencional de 9 meses (con devengo de intereses), según informa el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en un comunicado.

Asimismo, la moratoria sobre créditos al consumo, de la que se han concedido 364.407 solicitudes (el 85% de las solicitudes presentadas), se podrá solicitar hasta el 29 de septiembre y tendrá una duración de 3 meses. Al igual que para el caso de la moratoria hipotecaria, tanto la legal como la convencional se pueden conceder simultáneamente.

En cuanto a las medidas para proteger a las personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad, la prórroga de 6 meses de los contratos de

arrendamientos sobre vivienda habitual se podrá solicitar hasta el 30 de septiembre.

Se amplía también hasta el 30 de septiembre el plazo para solicitar la moratoria o el aplazamiento del pago de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda, en caso de que el arrendador sea gran tenedor de vivienda, para aquellos hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Además, la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional seguirá vigente hasta el 2 de octubre.

No se podrán realizar cortes de luz, agua o gas

Por otro lado, a través de un Real Decreto-ley, y a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Consejo de Ministros ha prolongado, hasta el final del mes de septiembre, la prohibición de suspender el suministro de agua, energía eléctrica y gas en ningún domicilio que tenga la consideración de primera vivienda, según informa el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Esta prohibición, habilitada excepcionalmente durante el estado alarma, se amplía como parte de las medidas de extensión del escudo social. Por tanto, hasta el 30 de septiembre de 2020, no se podrán realizar cortes incluso aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores.

La prohibición de cortes de agua, electricidad y gas natural, gases manufacturados y gases licuados de petróleo por canalización está dirigida exclusivamente a particulares y para los suministros adscritos a su vivienda habitual, cuestión que el consumidor podrá acreditar a través de cualquier medio documental que acredite fehacientemente esta circunstancia.

Se amplía igualmente el periodo de tiempo por el que no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente de pago y la suspensión de suministro por impago. Por tanto, si el primer aviso de pago se ha producido desde el inicio del estado de alarma hasta el 30 de septiembre, los plazos que han de transcurrir hasta que el suministrador pueda cortar el suministro empezarán a contar desde el 1 de octubre.

Igualmente, el Gobierno ha decidido aprobar la prórroga automática de la vigencia del bono social eléctrico, un descuento directo en la factura dirigido a los consumidores vulnerables, hasta el 30 de septiembre.

Una vez concedido, el bono social tiene una vigencia de dos años. A su término, es necesario volver a tramitar la prestación que se concede siempre que se cumplan los requisitos. Con motivo de la declaración del estado de alarma, y para evitar que los beneficiarios que necesitasen renovarlo dejasen de percibir los descuentos y beneficios previstos, el Real Decreto-ley 8/2020, prorrogó de forma automática todos los bonos que expiren hasta el 15 de septiembre de 2020.

Ahora, y con el fin de homogeneizar la duración de las medidas del escudo social, se amplía la prórroga quince días más. Se estima que unos 70.000 usuarios se benefician, cada mes, de esta prórroga automática.

El “esfuerzo” de las familias vulnerables

Pablo Iglesias también ha criticado algunos “discursos políticos” que acusan a familias vulnerables de “no haberse esforzado lo suficiente” y ha puesto en valor el “esfuerzo” de estos ciudadanos y ciudadanas que “están sufriendo por razones económicas y sociales”.

“Me dirijo a los compatriotas que más están sufriendo por razones económicas y sociales. Por desgracia todavía tenemos que escuchar discursos políticos que cuando hay familias que no tienen la suerte de tener un contrato de trabajo, que tienen muy poco dinero, dificultades para llegar a fin de mes y para llenar la nevera, se les dice que no se han esforzado suficiente, querría poner en valor el esfuerzo de esas familias que lo tienen muy difícil y saben mejor que nadie lo que es esforzarse”, ha subrayado Iglesias.