El Gobierno afirma que lucha para evitar más aranceles de EEUU a la aceituna española

Aceitunas en un olivo cordobés | MADERO CUBERO

El Gobierno de la Nación, en respuesta a preguntas del diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, ha afirmado que está trabajando, en coordinación con la Comisión Europea y la Junta de Andalucía, para evitar que Estados Unidos (EEUU) imponga más aranceles a las aceitunas españolas.

Así lo ha destacado el Gobierno central en la respuesta escrita, a la que ha accedido Europa Press, que ha dado a las preguntas planteadas por Hurtado, quien quería saber si, “¿se ha propuesto por EEUU un arancel a la aceituna de mesa española?, ¿qué información tiene el Gobierno al respecto?, ¿qué actuaciones ha llevado a cabo y tiene previstas tomar?, ¿cuánto sería el arancel?, ¿cuándo se decidiría e implantaría?, ¿cómo afectaría a nuestras exportaciones de aceituna de mesa?” y “¿qué valoración e información tiene el Gobierno sobre este hecho y sobre sus consecuencias?”.

Ante esto, el Ejecutivo que preside el popular Mariano Rajoy ha aclarado que las aceitunas de mesa españolas ya tenían “un arancel a la entrada del mercado de EEUU, que varía, según las distintas partidas arancelarias, entre 7,4 y 11,6 céntimos de dólar por kilo del peso neto escurrido”.

A este recargo se ha unido ahora la decisión de EEUU de imponer un arancel provisional a la aceituna de mesa española, de entre el 2,3 y el 7,2 por ciento, como resultado de la investigación antidumping y antisubvención abierta hace meses por Estados Unidos, al concluir que las aceitunas españolas se venden por debajo de su precio de mercado por las subvenciones que reciben de la Unión Europea (UE).

Fue el pasado junio, según ha detallado el Gobierno español, cuando EEUU inició las citadas investigaciones, en relación “a las importaciones españolas de 'ripe olives' (primordialmente aceitunas negras). Estas investigaciones se iniciaron previa solicitud del sector estadounidense productor de 'ripe olives', y su apertura está legitimada por el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”.

Por otra parte, la imposición de medidas antidumping o antisubvención, según ha explicado el Ejecutivo español, “suele traducirse en el incremento de los derechos arancelarios normalmente aplicables, lo cuales se pueden imponer de manera provisional o definitiva”, pero “cualquier medida debe ser conforme con las normas de la OMC y, por tanto, en el momento en que se hubieran impuesto medidas contra los productores europeos, la Comisión Europea podría denunciar el caso ante el órgano de solución de diferencias de la OMC”.

El Gobierno, en cuanto tuvo conocimiento de la apertura de las mencionadas investigaciones, se puso en contacto con la Comisión Europea, con la que ha trabajado “en todo momento de manera coordinada, así como con la Junta de Andalucía, comunidad autónoma dónde se localizan las empresas investigadas”.

En este sentido, el pasado 7 de agosto la secretaría de Estado de Comercio de EEUU trasladó a las autoridades españolas unos cuestionarios en los que se pedía información exhaustiva sobre las empresas investigadas, que debía ser cumplimentado por las mismas, y un cuestionario a rellenar por el Gobierno español, que incluía seis bloques de ayudas investigadas (Pago Básico, Greening, Jóvenes Agricultores, Desarrollo Rural, Organizaciones de Productores y Seguro Agrario), así como un apartado abierto sobre otras ayudas. Además, la Comisión Europea recibió un cuestionario específico.

Toda la información y documentación requerida por EEUU le fue ya remitida, y el Gobierno incluyó este tema en el orden del día del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) del pasado 9 de octubre, para expresar su “gran preocupación por las repercusiones que este caso pudiera tener en el modelo de ayudas comunitario desvinculado de la producción”. El resto de estados miembros “expresaron su apoyo a España, así como la preocupación que se estuviera poniendo en entredicho las ayudas desacopladas de la Política Agraria Común (PAC)”.

Por otro lado, el pasado 22 de septiembre, los comisarios europeos de Comercio, Cecilia Malmström, y de Agricultura, Phil Hogan, enviaron una carta conjunta a los secretarios de Estado de Comercio y de Agricultura de EEUU. La carta es firme en la defensa del carácter no distorsionador de las ayudas de caja verde y recuerda a EEUU su amplio uso de este tipo de ayudas en su país“.

El Gobierno, además, ha expresado su “preocupación por la apertura de este procedimiento, que en concreto afecta a la aceituna de mesa española, pero que podría cuestionar el modelo de ayudas comunitarios, desvinculado de la producción y, en consecuencia, generalizarse a otros sectores agrarios en los que la producción americana es competitiva”.

Primer destino exportador

El mercado de EEUU es el primer destino de la exportación de aceituna de mesa española, con el 22 por ciento de las exportaciones totales, aunque, en opinión del Ejecutivo, “resulta prematuro señalar cuales pueden ser los efectos de las posibles medidas que adopte EEUU sobre las exportaciones de aceituna de mesa”.

En cualquier caso, para el Gobierno “el impacto que una eventual imposición de medidas pueda tener sobre las exportaciones de aceituna de mesa dependerá, lógicamente, de la cuantía de los derechos 'antidumping' o antisubvención que se fijen”, pues, “si se impusieran medidas que provocaran, de facto, el cierre del mercado estadounidense, esto podría afectar a unas exportaciones cuya cuantía alcanzaron unos 70 millones de euros” en 2016.

Es por ello que el Gobierno tiene “el compromiso de seguir trabajando intensa y estrechamente, junto con todas las administraciones afectadas y el sector nacional de la aceituna de mesa, para que ambos procedimientos concluyan de la forma más satisfactoria posible”.

Reacción socialista

Ante esta respuesta y en declaraciones a Europa Press, el diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, ha señalado que “el arancel cautelar impuesto por la Administración Trump a la aceituna de mesa no debe hacerse definitivo porque significaría un enorme perjuicio a la provincia de Córdoba”, que junto con la de “Jaén, son las provincias españolas con más producción agrícola de aceituna de mesa, y que se exporta a EEUU en condiciones competitivas, pero que se perderían si el arancel se hace definitivo”.

En consecuencia, “la Comisión Europea, junto con el Gobierno español y la Administración andaluza, deben coordinarse para que este arancel cautelar nunca se haga definitivo”, opinando Hurtado que “esta decisión de la Administración norteamericana es una espada de Damocles para nuestro sector agrícola, que debe de desaparecer con diálogo, negociación y acuerdo, para que no se implante arancel alguno a la aceituna de mesa”.

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