Fomento licita un contrato de 850.000 euros para conservación de carreteras de Córdoba y otras provincias

Imagen de un bache en la carretera | MADERO CUBERO

El Ministerio de Fomento ha licitado un contrato para redactar proyectos de diferentes actuaciones de conservación en la Red de Carreteras del Estado en Andalucía, Extremadura y Murcia, con un presupuesto de licitación de 3,11 millones de euros, de los que 1,7 millones serán en la comunidad andaluza. Entre ellos se encuentra la conservación de carreteras de Córdoba, junto a otra provincias andaluzas, por un importe de 850.000 euros.

El objeto del contrato es la prestación de servicios para la redacción de los proyectos de trazado y de construcción de obras de conservación clasificadas por diferentes tipologías: rehabilitación superficial y/o estructural de firmes; mejora de la seguridad vial, aumento de capacidad y mejora de conectividad; e instalación, reposición, reparación o mejora de elementos de la carretera.

Asimismo, el contrato se ha dividido en cuatro lotes para dar servicio a cuatro Demarcaciones de Carreteras del Estado: Andalucía Occidental -que recoge las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva-, con un presupuesto de licitación de 850.000 euros. Andalucía Oriental -que recoge las provincias de Granada, Jaén, Málaga y Almería- con un presupuesto de licitación de 850.000 euros.

También Extremadura, con un presupuesto de licitación de 710.000 euros y Murcia, con un presupuesto de licitación de 710.000 euros.

El adecuado mantenimiento de las carreteras exige la licitación y realización de obras de conservación adicionales a las actuaciones realizadas con los contratos de conservación y explotación por sectores en los que se divide la Red de Carreteras del Estado.

La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público exige para poder licitar un contrato de obras la elaboración de un proyecto en el que se basen las mismas. La redacción de proyectos de obras de conservación es una actividad laboriosa, prolija y de carácter especializado, debido a su propia complejidad técnica y extensión, a la creciente regulación normativa

tanto legal como técnica aplicable a los proyectos, y por último a la calidad final exigida a los mismos durante su supervisión.

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