Facua denuncia la regulación horaria del taxi fijada por el Ayuntamiento

Taxistas en una parada de la capital cordobesa | MADERO CUBERO
La asociación de consumidores sostiene, en un escrito presentado al Consistorio, que fijar las horas de servicio mediante el apagado automático del taxímetro contraviene un informe de la Comisión Europea.

Nuevo frente abierto en el sector del taxi en Córdoba. Si la pasada semana se conocía la condena de 139.000 euros del Consejo de la Competencia de Andalucía, ahora le toca el turno a las limitaciones de horario vía apagado de los taxímetros; una medida que fue aprobada en 2011 por el Ayuntamiento, a instancias de la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos del Taxi en Córdoba (Auttacor), y que ahora ha sido denunciada por la asociación de consumidores Facua, vía escrito por registro de entrada, en el Consistorio, confirmaron fuentes de la propia asociación de usuarios.

El motivo de esta denuncia radica, según Facua, en un informe del pasado 24 de junio de la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea, que da respuesta a varias denuncias presentadas sobre la ilegalidad de esta medida. Según el texto de ese informe, “la legislación nacional no puede exigir que esta función adicional se incluya”. Según el texto, estas aplicaciones no pueden exigirse mediante disposiciones legales, motivo por el que, en caso de haberse realizado, debe procederse a modificar la norma.

La normativa sobre los horarios en el sector del taxi se puso en marcha en enero de 2012 después de meses de agrio debate entre la asociación provincial y los colectivos de trabajadores contratados que, con esta limitación, se veían perjudicados en sus turnos laborales, ya que hasta ese momento se fijaba un horario abierto de 24 horas, que pasó a limitarse a 18 horas. La fórmula que se adoptó para garantizar el cumplimiento de estos turnos fue instalar un sistema en los taxímetros que, llegado el momento, provocase el apagado del contador; algo que Facua ya denunció en su día que no se ajustaba a la legalidad e inclumplía otra directiva europea, la relativa a los instrumentos de medida del sector, del año 2004.

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