El exgerente del Consorcio de Bomberos declara que el juego y la bebida le llevaron a apropiarse del dinero

Una separación de mutuo acuerdo y la adicción a la bebida y al juego llevaron al exgerente del Consorcio de Bomberos, Antonio Navarrete, a cometer las supuestas irregularidades que habría cometido desde 2000 hasta 2012 y con la que se habría engrosado “algún dinero” en su cuenta personal durante unos años en los que perdió “el control” de su vida. Así lo ha declarado en la segunda sesión del juicio que se celebra desde el pasado lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba. Aunque ha reconocido los hechos y que no está devolviendo “lo que le gustaría”, no ha especificado cuánto dinero habría desfalcado de las arcas del Consorcio.

Navarrete ha declinado responder a las preguntas del Ministerio Fiscal y de la acusación particular -encarnada por el abogado de la Diputación de Córdoba- y durante su declaración ha exculpado de los hechos al segundo acusado, Manuel Muñoz, reconociéndose como único autor y sometido a ningún control. En la fase de instrucción, ha recordado, ya manifestó que Muñoz “no sabía” de sus prácticas ya que para descubrirlas había que tener “unos conocimientos muy profundos”.

Sobre su nombramiento en el cargo, Navarrete ha manifestado que la designación de Muñoz no respondió “ni a amistades ni a afinidades políticas”, sino exclusivamente a cuestiones de “mayor antigüedad y cualificación profesional”. A pesar de las funciones de su cargo, entre las que se recoge el control de la Contabilidad del Consorcio, Navarrete ha asegurado que era él quien la ejercía tal y como “quedó recogida en el acta del Consejo de Gobierno del Consorcio de 1997” cuando fue nombrado gerente.

Ante esta declaración, el abogado de Manuel Muñoz ha requerido la incorporación a las actuaciones de dicho acta, petición declinada por parte del juez por extemporánea “ya que ha habido suficientes oportunidades para incluirla”, ha señalado el magistrado, y también ha sido rechazada por la fiscal y la acusación particular. El letrado de Muñoz ha manifestado su protesta ya que, según ha dicho, nunca antes supo de la existencia del acta que podría exculpar a su defendido y exonerarlo de las responsabilidades del departamento de Contabilidad.

Este acto le habría dado a Navarrete la potestad absoluta para realizar todas las funciones relacionadas con la Contabilidad y él mismo “organizó y distribuyó las tareas que había entre las cinco personas de la administración” y Muñoz sólo disponía de las “claves de la contabilidad pero nunca las usó”. De hecho, habría llevado la contabilidad del Consorcio desde el momento de su creación hasta que fue cesado en el cargo de gerente. De su modus operandi para ingresar las cantidades de dinero ha detallado sólo que modificaba su factura para que aparecieran las horas extras de tal manera que el sistema no podía detectar la irregularidad. Sobre la emisión de los pagos dobles de facturas no ha querido apuntar ningún detalle de cómo se realizaba pero sí ha manifestado que “si el interventor [testigo en la causa, Juan Francisco Gómez Gracia] hubiera realizado su trabajo, esto no hubiera pasado”.

A las preguntas del abogado de Muñoz ha comentado que durante los 46 años y nueve meses que ha trabajado tanto para la institución provincial como para el Consorcio ha tenido un expediente intachable hasta tal punto que “hace apenas una semana” recibió “de puño y letra del actual presidente, Antonio Ruiz, una invitación para acudir a un acto de reconocimiento a los funcionarios jubilados” de esta entidad. “Obviamente, le dije que me era imposible ir” dado que el juicio prevé alargarse hasta el próximo sábado.

Por último, ha asegurado que el desfalco en las cuentas públicas del Consorcio “no alteró su fin público” y que, incluso, durante su gerencia “hubo un incremento paulatino de plantilla y se construyeron dos parques de bomberos y otro auxiliar”.

El segundo acusado niega haber desarrollado cualquier actividad contable

Por su parte, Muñoz ha relatado que hasta su nombramiento en el cargo de jefe de Administración y Contabilidad en 2004 se encontraba en el Servicio de Protección Civil de la Diputación. Ha manifestado que durante la gerencia de Navarrete no llevó a cabo ninguna tarea relacionada con la contabilidad y su trabajo se ciñó a la confección de las nóminas, “el control del servicio del personal, los pliegos de contratación, las licencias y las altas y las bajas de los trabajadores”. En este sentido, ha declarado que “nunca” llegó a usar sus claves para acceder al sistema de la contabilidad “y así lo corrobora un informe de Eprinsa”.

Por otro lado, la fiscal le ha recordado las 17 funciones que recoge el Reglamento del Consorcio -entre las que se incluye la de la Contabilidad- pero ha incidido en que “era imposible que esa cantidad de responsabilidades las llevara una única persona”. Por ello se quejaba “amargamente” de la falta de personal “aunque no se contrataba a nadie”. La única persona que sí realizaba tareas de contabilidad, ha manifestado, era la auxiliar de su departamento, la testigo M. C.

Durante la sesión de este martes también han prestado declaración tres testigos a propuesta del Ministerio Fiscal y de la acusación particular. El primero de ellos, J. F. -interventor durante los tres años previos a que Navarrete ocupara el cargo de gerente- ha relatado que lo conoció cuando ingresó como becario con 17 años, siempre realizando “muy bien su trabajo”. Según ha explicado, hasta la fecha de su jubilación -en torno a 1999- había “un departamento de Contabilidad pero no un jefe como tal y Navarrete se encargaba de eso”, tal y como ha sostenido el encartado en su declaración.

El segundo testigo, Juan Francisco Gómez Gracia -interventor del Consorcio durante el tiempo en el que supuestamente ocurrieron los hechos, de 2002 a 2012- ha negado cualquier conocimiento sobre lo que Navarrete habría realizado durante diez años y ha asegurado desconocer lo que es un gasto suplido, uno de los métodos llevado a cabo por el exgerente y que consiste en el pago a un tercero por cuenta de un cliente y el posterior cargo a dicho cliente en una de sus facturas dirigidas a él. A la pregunta de la Fiscalía sobre en qué consiste este tipo de gasto, le ha mostrado los documentos en los que él mismo habría firmado gastos suplidos de Navarrete.

Hay que recordar que Gómez Gracia estuvo imputado en las diligencias previas de esta causa y que el Tribunal de Cuentas lo condenó a abonar 35.000 euros como responsable contable subsidiario del Consorcio por “dejación de funciones” al no fiscalizar la actuación de Navarrete durante los años señalados.

Por último, la auxiliar del departamento de Administración y Contabilidad, M. C., ha manifestado que la única función contable que podía realizar tras las instrucciones del exgerente era “mecanizar facturas” y que “el registro de entrada y salida de documentos y el correo lo controlaba Navarrete”. Además, ha señalado, “no contabilizaba ingresos, no veía los extractos bancarias y tampoco gestionaba las nóminas”. Su superior, el acusado Muñoz, era quien supervisaba todo su trabajo salvo la mecanización de las facturas. Cuando Navarrete se encontraba enfermo o de vacaciones, “todo el trabajo que hacía se dejaba de hacer, las cartas se ponían en su mesa y se cerraba la puerta”, ha concluido la testigo.

El juicio seguirá este miércoles con más testigos y peritos de la Fiscalía, la acusación particular y las dos defensas.