Córdoba, la provincia andaluza que más cumple la normativa de depuradoras

Vista aérea de la estación depuradora de La Golondrina.

Un informe de Ecologistas en Acción-Andalucía sitúa en un 80% el grado de cumplimiento de la normativa en las depuradoras de la provincia cordobesa, el porcentaje más alto en Andalucía. La asociación ecologista presenta un extenso informe donde analiza el grado de cumplimiento de las depuradoras en funcionamiento de las ocho provincias andaluzas de más de 2.000 habitantes y las compara con el anterior ciclo 2013-2015.

En general en el conjunto de Andalucía, llega a la conclusión de que el porcentaje de disconformidad respecto a la normativa vigente sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas ha aumentado en más de un 2,5%, situándose en el 36,79%. Por provincias, solo Almería y Sevilla siguen mostrando un descenso paulatino desde el año 2013, en resto hay leves mejorías. Siguen siendo Córdoba y Sevilla las provincias con mayor grado de cumplimento de la normativa (80-70%). Por el contrario, Almería y Huelva apenas superan el 50%.

Ecologistas en Acción-Andalucía trata también las muestras analíticas de vertidos de las ocho provincias andaluzas durante 2016, de donde se deduce que hay más de un 2,5% de aumento del porcentaje de disconformidad en comparación con el año 2015.

En una nota, señalan que Andalucía ha recaudado 444 millones por canon de depuración, de los que 106 no están previstos ejecutar por ahora. Aunque se ha dado cierto impulso a la construcción de depuradoras, sigue habiendo cerca del 58% de actuaciones autonómicas declaradas de interés sin iniciar.

El número de depuradoras analizadas -318- supone menos del 50% del total construidas en Andalucía, que según el Informe de Medio Ambiente hay 668 en 2016 y 27 en construcción. Por ello, y para conocer mejor la realidad en toda Andalucía, hace falta obtener los datos de las de menos de 2.000 habitantes, de aquellas que no están operativas por encontrarse fuera de servicio y de los municipios que aún no cuentan con estación depuradora para tratar sus aguas residuales urbanas. “Con toda probabilidad ese porcentaje será mucho mayor”, aseguran.

Con respecto a las actuaciones declaradas de interés por la Junta de Andalucía en 2010, el balance a 31 de diciembre de 2016 indican unos ingresos por canon autonómico de 444.069.801,80€, de los que solo se ha ejecutado poco más del 36% (160,4 millones €), lo que supone una disminución de 8 puntos porcentuales respecto al año anterior. Además, si a lo que se ha ingresado por canon y no se ha ejecutado le restamos la inversión en ejecución comprometida (a financiar por el canon de mejora), nos queda una cantidad de más de 106 millones de euros que no están previstos ejecutar por ahora. Un dato que se ha duplicado respecto al balance publicado el año anterior.

La organización recuerda que, para dar cumplimiento a lo estipulado en la Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, se firmó el pasado verano un protocolo de colaboración entre el Ministerio y la Consejería donde se definen las líneas de actuación para la ejecución de obras de saneamiento y depuración necesarias, planificando su ejecución, priorizando su realización y estableciendo quién es el responsable de llevarla a cabo.

La Comisión Europea ya tiene abierto contra España 5 procedimientos de infracción, dos de ellos han llegado hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se han incumplido todos los plazos para implementar la Directiva y hay aglomeraciones urbanas señaladas por Europa que siguen sin estar ejecutadas o funcionando correctamente. Andalucía es la región que más depuradoras tiene señaladas por lo que urge la solución a estos problemas y el ritmo para cumplir no es todo lo rápido que se desearía.

Además, Ecologistas en Acción ha puesto énfasis en aquellas depuradoras que estando funcionando, no son conformes a la normativa española. Ha llevado los distintos casos a Fiscalía y, tras un periodo de diligencias de investigación, ya están notificándonos las consecuencias de las mismas.

La salud de las personas y el medio ambiente no admiten más retrasos, los que ostentan las competencias del saneamiento y depuración tienen que actuar ya. La Comisión Europea seguirá incoando procedimientos a España pagando todos los ciudadanos lo que es responsabilidad de otros.

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