Condenan al administrador y dos operarios de una empresa de gas por estafar a ancianos

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la condena a un administrador y dos operarios de una empresa cordobesa de gas por un delito continuado de estafa a usuarios, en su mayoría ancianos. Según ha podido saber este periódico, la Sección Tercera ha confirmado íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba, que condenó a tres años de cárcel al administrador de la empresa Gas Califa, conocida como Infogás, y a un año y seis meses de prisión a cada uno de los dos operarios acusados. La empresa tendrá que pagar una indemnización de 8.000 euros.

Según ha quedado probado, entre los meses de enero de 2013 y agosto de 2014 los operarios de esta empresa, actuando según el plan diseñado por el jefe de la misma, se ofrecían para realizar inspecciones rutinarias en domicilios de esta capital. Allí donde encontraban personas especialmente vulnerables, bien por razón de su avanzada edad, bien porque se encontraban solas o enfermas, aprovechaban estas situaciones para convencerlas de que tenían obligación de realizar cambios en la instalación del gas.

De este modo accedían a los hogares y realizaban revisiones no exigibles y simulaban o llevaban a cabo reparaciones que no se correspondían con necesidades reales. Cuando cambiaban piezas no dejaban en el domicilio las piezas sustituidas.

Los operarios emitían factura y exigían el pago inmediato. Cuando las víctimas manifestaban carecer de efectivo en la casa, iban provistos de una terminal para pago mediante tarjeta de crédito.

Las víctimas fueron muy numerosas. Una parte de ellas presentaron reclamaciones ante los distintos Servicios de Consumo y denuncias que se tramitaban independientemente.

Las denuncias, dado que el importe cobrado solía estar en torno a los 260 euros, daban lugar a juicios de faltas (actualmente delitos leves) con consecuencias nada disuasorias para los autores.

Desde la Fiscalía Provincial de Córdoba – “Sección de Defensa de los Consumidores” – se pidió tanto al Servicio de Consumo del Ayuntamiento, como al de la Junta de Andalucía, que agrupasen todas las reclamaciones para presentar desde Fiscalía una denuncia conjunta por delito continuado de estafa, en atención a la cifra total defraudada.

Hechos similares se han producido en distintas provincias españolas causando gran alarma social. Ello llevó al Cuerpo de Policía Nacional a realizar programas de información y concienciación (impartido en centros cívicos y centros de día donde acuden personas mayores), así como a reforzar la vigilancia sobre estas conductas. Entidades como Cruz Roja Española impulsaron iniciativas similares.