Cinco detenidos en Córdoba en otra operación de la juez Alaya

La Guardia Civil ha arrestado a tres empresarios que trabajaban con la Diputación de Córdoba en el marco de una macrooperación ordenada por la juez Alaya y a dos cargos de ADIF

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido a cinco personas esta mañana en Córdoba en el marco de la operación Enredadera, una segunda fase de la llamada operación Madeja, ordenada por la juez de Instrucción de Sevilla Mercedes Alaya contra supuestas mordidas para favorecer la contratación de empresas. Entre los arrestados hay tres empresarios que trabajan con la Diputación de Córdoba (esta mañana el instituto armado se ha personado en la institución provincial para reclamar documentación) y dos trabajadores del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en Córdoba, un gerente y un técnico, según han confirmado a este periódico fuentes de la investigación, que agregan que la misma ha sido desarrollada por los mismos agentes de la Operación Púnica en Madrid.

Según ha informado el instituto armado, la Guardia Civil está desarrollando desde primeras horas de la mañana en las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria, la operación, Enredadera, en la que está previsto detener e imputar a varias personas como presuntos autores de delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.

Igualmente, en el operativo los agentes realizan varios registros en empresas y domicilios de las citadas provincias.

Esta fase de explotación es la continuación de la investigación sobre las relaciones societarias entre empresas que en su día optaron al concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de Mercasevilla, donde quedó evidenciado un importante incremento patrimonial no justificado del que fuera hasta el 2007 director del Área de Vía Pública de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla.

Del informe patrimonial realizado sobre esta persona se dedujo que había recibido de la sociedad Fitonovo, contratista habitual de numerosas administraciones públicas, múltiples dádivas o regalos de distinta naturaleza (dinero, vehículos, etc.), lo que provocó en julio y diciembre de 2013 la apertura de nuevas investigaciones, registros y detenciones, entre otros, de responsables de la empresa Fitonovo.

Del análisis de la información incautada en las entradas y registros y de la actividad operativa de los investigadores se averiguó que la dirección de la empresa FITONOVO había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, creando a su vez una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos.

Las prácticas ilícitas descubiertas causaban un grave daño al interés público en una doble vertiente: pervirtiendo los procedimientos de adjudicación y no realizando las prestaciones comprometidas. Asimismo, al estar la adjudicación predeterminada de antemano en base a intereses particulares y no al interés general, perjudicaba al resto de las sociedades que concurrían a los procedimientos públicos de contratación.

La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, que ha decretado el secreto de las actuaciones, está siendo realizada por el Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.