El Ayuntamiento exige al Gobierno que acabe con los recortes en vivienda pública

Alba Doblas, este miércoles en rueda de prensa | RAFAEL MELLADO

La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Córdoba, Alba Doblas, ha remitido un escrito al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ante la inminente aprobación por el Gobierno del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, para reclamarle que ponga fin a unos recortes que estima en un 70% en las políticas públicas.

“Los gobiernos locales somos las administraciones más próximas a la ciudadanía y, por tanto, las que sufrimos en primera instancia tanto la falta de un parque público capaz de atender a las personas que no pueden acceder a la vivienda a precios de mercado, como una legislación que desprotege a los vecinos y vecinas que viven de alquiler. Sin embargo, nuestra opinión no se ha tenido en cuenta en la elaboración del nuevo Plan Estatal”, ha denunciado este miércoles la concejala Alba Doblas.

Alba Doblas ha reclamado al ministro “romper con la tendencia actual de recortes de un 70%, de 1.000 millones de euros, de los últimos ocho años. De continuar con la línea actual, las políticas públicas de vivienda desaparecerán en 5 años. Para revertir la situación, es necesario que el presupuesto se incremente desde los 467 millones actuales hasta los 2.000 millones de euros para el 2018”, ha demandado.

“Este incremento presupuestario es imprescindible para poder aumentar el parque público de alquiler y situarnos a nivel europeo. Actualmente España sólo tiene el 2,5 % de vivienda asequible (incluye VPO pero también rendas antiguas), un parque insuficiente para cubrir las necesidades de la ciudadanía, mientras que en Austria tienen el 24% de parque público de protección y el Reino Unido o Francia alrededor del 17%”, insiste.

En su escrito, Doblas reclama “medidas de tipo financiero” para proyectos de vivienda protegida. También que se potencien “nuevos modelos de vivienda de protección oficial que garanticen la propiedad pública del suelo como el derecho de superficie, o las cooperativas en cesión de uso”, además de asegurar “que la propiedad del suelo sea siempre pública y no pase, al cabo de los años, a manos privadas”.

La carta, que será remitida al Consejo de Ministros por otros ayuntamientos españoles, también pide que se obligue a Sareb y entidades financieras rescatadas con fondos públicos que “incorporen inmuebles vacíos al fondo de viviendas para alquiler social”, que las ayudas a la rehabilitación se dirijan “a los pequeños propietarios” y a modificar la ley de arrendamientos urbanos para alargar los contratos de alquiler.

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