Alaya acota el vector cordobés en la trama de los ERE fraudulentos

La jueza Alaya entrando en los juzgados de Sevilla.
El último auto de la jueza recoge imputaciones por el matadero de Fuente Obejuna

Nuevo auto de la jueza de instrucción de Sevilla Mercedes Alaya que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos de la Junta de Andalucía. Y nuevo documento en el que se consolida uno de los vectores cordobeses de la trama: el del matadero de Fuente Obejuna. Alaya ha imputado a varias personas por el ERE que se hizo en aquella empresa.

En abril, la jueza ya apuntó a la sierra cordobesa cuando emitió un auto en que describía que el primer ERE en el que medió Juan Lanzas (al que considera cerebro de la trama) fue el que en 1998 concluyó con el cierre del matadero de Fuente Obejuna. Entonces, Juan Lanzas era secretario general de la Federación de Alimentos de UGT Andalucía, cargo que abandonaría cuatro años después, en 2002.

Según se recogía en el auto de abril, Juan Lanzas intervino “en la negociación” de este ERE “para conseguir financiación junto al que él llamaba su equipo, Estudios Jurídicos Villasís y la mediadora Vitalia”. “Se concedieron tres ayudas: una de 1,9 millones de euros, otra de 450.000 y otra de 120.000, y se suscribieron cuatro pólizas con un sobrecoste de 574.874 euros, con un 29% de comisión en alguna de ellas”, agrega la juez Alaya, que insiste en que todo se hizo “con la ayuda de Lanzas y el consentimiento de la administración”.

El matadero de Fuente Obejuna comenzó a funcionar en 1976 y alcanzó su máximo apogeo cuando estuvo gestionado por la firma Carnes Estellés, que también se hizo cargo de Iccosa, un matadero localizado en Córdoba detrás de las polémicas naves de Colecor, hoy propiedad del Ayuntamiento de Córdoba tras su embargo a Arenal 2000. En el matadero de Fuente Obejuna llegaron a sacrificarse hasta 2.500 cerdos al día. Esta empresa abandonó la actividad en 1990, fecha en la que los trabajadores constituyeron la sociedad anónima laboral Mafusal, que se hizo cargo de las instalaciones entre 1990 y 1998.

En su nuevo auto de hoy, la jueza decreta la imputación de otras 23 personas, lo que elevaría a 116 el número total de imputados. Entre los nuevos

imputados, además de los relacionados con Fuente Obejuna, destaca la presencia de Javier y Pablo Ruiz-Mateos,

hijos del conocido empresario jerezano, por el ERE del Hotel Cervantes de Málaga, propiedad de ese grupo empresarial familiar.

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