Afectados por las inundaciones estudian reclamar tras la sentencia de la Audiencia Nacional

La plataforma convoca una reunión para el 23 de agosto a la que acudirán afectados de Almodóvar y de la provincia de Jaén

La Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir (Apaig) ha convocado una reunión el próximo 23 de agosto en Córdoba para estudiar posibles actuaciones a emprender para pedir las indemnizaciones que a cada afectado corresponda, tras las sentencias de la Audiencia Nacional (AN) que condenan a la Junta de Andalucía por la gestión de la extinta Agencia Andaluza del Agua en el río Guadalquivir en las riadas de diciembre del año 2010.

Según ha informado el colectivo, en el encuentro, que será el primero tras los fallos judiciales, estarán presentes distintos afectados de Córdoba, de la localidad cordobesa de Almodóvar del Río y de la provincia de Jaén, entre otros, junto a abogados de la plataforma. Ayer, la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, mostró su respeto a la sentencia, pero aseguró que habría que ver “cómo de limpios estaban los cauces” antes de que la Junta asumiera la gestión del Guadalquivir, “que sólo ostentó durante dos años”.

La sala primera de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha estimado parcialmente la reclamación del propietario de dos fincas en el término municipal de Córdoba y ha condenado a la Junta de Andalucía al pago de 51.152 por los daños causados en sus tierras, cifrados en casi 100.000 euros, a consecuencia de las inuncaciones del mes de diciembre de 2010, en concreto de los días 7 y 22.

El fallo atiende la reclamación del propietario que defendía que la causa del desbordamiento del Guadalquivir, en concreto del arroyo Mantequeros, “se encuentra en el incumplimiento por la Administración de su obligación de asegurar en la cuenca un periodo de retorno de 50 años, a fin de poder evacuar el caudal sin daños”. Para ello, el reclamante alude a un informe pericial del Grupo de Investigación de Hidrología e Hidráulica de la Universidad de Córdoba para Asaja, así como en la valoración de un ingeniero agrónomo en el que se asegura que la causa del desbordamiento se debió “a la colmatación de ambos cauces debido a la falta de mantenimiento, conservación y limpieza por parte de la Administración regional”. Y todo ello, pese a que las lluvias no fueron especialmente torrenciales en aquellas fechas

Esta acumulación de lodo y materiales, según los expertos, disminuyó la sección del cauce e impidió evacuar adecuadamente el caudal del río. Junto a ello, el informe alude a la “mala gestión” de la Administración en los desembalses que se produjeron en aquel mes de diciembre ya que, ante las previsiones meteorológicas, se debieron realizar de forma paulatina, añadiendo que en aquel momento la capacidad se encontraba al 83% y no se hizo nada, pese a que las predicciones anunciaban lluvias desde finales de noviembre.

La Junta, por su parte, contestó al escrito indicando que ya no era responsable de la gestión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y, en todo caso, pedía que se asumiesen las indemnizaciones a medias con el Estado. Junto a esto, aseguró que no existía relación causal entre los daños y la gestión de la Administración y que las acusaciones sobre los desembalses carecían de datos concretos que los avalasen. Junto a esto localiza las fincas en zona inundable.

El fallo considera que “efectivamente, tal y como sostiene la demandante, la causa de los desbordamientos reside fundamentalmente en el incumplimiento por la Administración Autonómica de su obligación llevar a cabo las tareas de mantenimiento, conservación y limpieza de los cauces a que se encontraba obligada”. Junto a esto, acerca de los desembalses, el magistrado estima que los estudios “presentan la suficiente concreción para acreditar la mala gestión de desembalses en que incurrió la Comunidad Autónoma de Andalucía”. Es por ello que se estima la reclamación económica del propietario, 51.152 euros, ya que el resto fue asumido por el seguro agrario.

La sentencia no es la única en relación a las inundaciones de 2010 en Córdoba. Con la misma fecha y con el misma magistrado y aludiendo al mismo informe se desestima otra reclamación por 84.545 euros por los daños causados en una finca en las proximidades del Guadajoz por no acreditar los daños causados, aunque el razonamiento y la responsabilidad de la Junta por la falta de limpieza se citan expresamente en la sentencia, también de 8 de julio, lo que puede suponer un goteo de indemnizaciones en los próximos meses.