Un abogado denuncia en el Defensor del Pueblo el estado de las instalaciones para atender a los menores en la Ciudad de la Justicia

Un abogado ha llevado hasta el Defensor del Pueblo Andaluz (DPA) el estado en el que se encuentran las instalaciones en las que se atienden a los menores dentro de la Ciudad de la Justicia de Córdoba. Dada la importancia del ámbito a tratar, la institución admitió la queja y solicitó información a la Delegación Territorial de Justicia, administración que ha tenido “escasa receptividad” a la lista de posibles mejoras presentada por el letrado.

Según la queja presentada, dada a conocer por el DPA, “la Fiscalía de Menores de Córdoba se encuentra en la planta primera” de la Ciudad de la Justicia mientras que el Juzgado de Menores número 1 se encuentra en la planta baja“. El día que un abogado del turno de oficio va a asistir a un menor se entrevista con él y con sus padres en la planta baja mientras que la declaración la hace posteriormente en la planta superior, en la Fiscalía. Estas diferentes ubicaciones lleva a que tanto el abogado como el menor y sus padres desconozcan en qué momento deben subir ellos a la Fiscalía o si es un funcionario el que baja al juzgado para avisarles de que debe empezar la declaración. Una situación ”kafkiana“, describe el letrado.

Además de mostrar su queja ante esta situación, el abogado argumenta que “el edificio de la Ciudad de la Justicia de Córdoba está ocupado en un 75% aproximadamente. ¿No es más fácil habilitar una de las dos habitaciones que hay entrando a la izquierda en la Fiscalía de Menores, que están ocupadas, una por un integrante de los Equipos Técnicos de Menores y otra por Archivo?”. El letrado finaliza su queja presentando un conjunto de medidas que, de su aplicación, mejoraría la atención que reciben los menores en los juzgados.

El DPA admitió a trámite la queja y solicitó información a la Delegación Territorial de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que respondió asegurando que en el Juzgado de Menores “se ha habilitado una dependencia para la celebración de entrevistas entre el menor y su abogado”. De esta respuesta dada por la Administración, “escasas valoraciones caben realizarse”, apunta el Defensor del Pueblo, que explica que “el autocalificado como informe apenas explica un criterio de uso de los espacios”, aunque de ello no se puede “deducir una actuación irregular o contrario al ordenamiento.

Aún así, la institución afea a la Junta de Andalucía “la escasa receptividad” ante las propuestas efectuadas por el letrado en su queja que pretenden “aportar criterios de mejora en este delicado servicio dedicado a la justicia juvenil.